Fundación ANAR manifiesta su satisfacción ante la aprobación, por parte del Consejo de Ministros este viernes 28 de diciembre, del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, una norma que desde hace años ANAR viene reclamando ante la gravedad y el alcance de estas situaciones que se han multiplicado por cuatro (tasa de crecimiento del 298,8%) en los últimos años.
Fundación ANAR considera que es apremiante la aprobación de esta ley para “visibilizar, apoyar, proteger y fomentar políticas de prevención que eviten este tipo de tragedias” y pide que se tramite por vía de urgencia.
Según datos del Estudio “Evolución de la Violencia a la Infancia y Adolescencia en España según las Víctimas (2009-2016)”, realizado por Fundación ANAR y en el que se analizaron 25.312 casos, en 1 de cada 3 se produjeron lesiones físicas, golpes, bofetadas, puñetazos, patadas… además de amenazas graves, coacciones y gritos. El 6,7% de los casos presentaron traumatismos, huesos rotos y contusiones fuertes. Además, en 1 de cada 10 víctimas se dieron intentos de suicidio o autolesiones, que se han multiplicado por 6 y por 14 respectivamente.
En cuanto al agresor, en la mayoría de los casos se encuentra en su entorno más cercano: en el 58,6% es alguno de sus progenitores y un 66,4% de los casos se trata de violencia en el seno familiar.
Según ese informe, sólo expresa deseo de denunciar un 14% de las víctimas, de las que únicamente el 7% al final lo hizo. Tampoco el centro escolar, a pesar de ser un observatorio privilegiado, es un recurso eficaz para la detección de la violencia infantil, ya que sólo detectó un 7,3% de los casos.
“A pesar de su gravedad, la violencia padecida en la infancia y adolescencia es invisible, pasa desapercibida y es normalizada. Los menores de edad no se atreven a contarlo, sienten miedo y se encuentran solos. Por eso, para la notificación, es esencial que el Teléfono ANAR esté presente en todos los centros escolares, algo que esperamos que la ley contemple”, ha afirmado Benjamín Ballesteros, director de Programas de Fundación ANAR, ante la aprobación del anteproyecto de ley.
Esta dramática realidad, que ANAR conoce de primera mano por los testimonios de las propias víctimas, ha sido trasladada al Congreso, al Senado y al Parlamento Europeo por parte de la Fundación en diferentes momentos para reclamar esta ley que mañana comienza su tramitación.
Entre otras ocasiones, el pasado 15 de marzo Fundación ANAR presentó en el Congreso de los Diputados el citado informe sobre evolución de la violencia contra los menores de edad, y el 14 de noviembre ANAR compareció ante la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado para exponer sus propuestas en materia de protección de los menores de edad.
Anteriormente, Fundación ANAR, en el año 2008, a través de la POI (Plataforma de Organización de la Infancia) impulsó la iniciativa, en aquel momento innovadora, de la creación de una Ley Integral contra la violencia a la infancia. “Esta propuesta fue acogida con gran entusiasmo por otras entidades que se sumaron a esta causa y entre todos hemos logrado que salga a luz”, comenta Ballesteros.
En espera de analizar el articulado concreto de la norma, una vez que se haga público, Fundación ANAR confía en que esta Ley dé respuesta a la situación de riesgo y desamparo en la que muchos niños/as y adolescentes se encuentran.
Entre otras medidas, Fundación ANAR viene proponiendo que se establezcan medidas para conseguir una mayor concienciación y sensibilización social sobre la violencia infantil, que a menudo se mantiene oculta y silenciosa, y dar a conocer la obligación que impone la Ley de notificar y/o denunciar esas situaciones cuando se es conocedor, o simplemente se tienen sospechas, de las mismas.
Los informes que Fundación ANAR ha presentado recogen un amplio catálogo de propuestas concretas, más de sesenta, para atajar esta lacra. Algunas de estas medidas son: la inhabilitación para trabajar con menores de edad tras una sentencia condenatoria por maltrato, la creación de una Jurisdicción específica sobre delitos contra menores de edad, el establecimiento de prueba preconstituida para las víctimas o la aprobación de un protocolo básico de carácter estatal contra la violencia escolar.
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