La Fundación ANAR ha elaborado 10 propuestas para el próximo gobierno con el objetivo de mejorar la situación de la infancia en España de cara a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.

Entre otras acciones, la Fundación ANAR propone pedir a todos los partidos que se pongan de acuerdo para que la Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia sea la primera que se tramite la próxima legislatura.

ANAR recuerda, según su “Estudio: Evolución de la Violencia a la Infancia en España según las Víctima”, presentado en el Congreso de los Diputados, los casos de violencia a la infancia-adolescencia en España se han multiplicado por 4 como media de todas las violencias analizadas. La tasa de incremento es de un 298,8%.

Estas cifras sobre la violencia contra la infancia y adolescencia en España que reflejan los propios niños, niñas y adolescentes a través de sus llamadas al Teléfono ANAR ponen de manifiesto una realidad muy alarmante.

Según Benjamín Ballesteros, director de Programas de la Fundación ANAR  “tenemos que poner freno a este ascenso. Por eso necesitamos una ley que visualice, apoye, proteja y dé asistencia a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia”.

Asimismo ANAR recuerda la campaña de recogida de firmas bajo el título Objetivo ANAR, Cero Violencia contra la Infancia para impulsar estas medidas.

Las 10 propuestas que ha presentado la Fundación ANAR son:

 

• Que la Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia sea la primera que se tramite en la próxima legislatura.

 

• Crear una jurisdicción específica sobre delitos cuando las víctimas sean menores de edad, como existe actualmente en España con la violencia de género.

 

• Establecer medidas para conseguir una mayor concienciación y sensibilización social sobre la violencia infantil que, a menudo, se mantiene oculta y silenciosa. Dar a conocer la obligación legal que existe de notificar y/o denunciar esas situaciones cuando se conoce o simplemente se tiene sospechas de las mismas, con medidas para proteger la identidad de los comunicantes.

 

• Asegurar la debida formación de todos los profesionales del sistema jurídico y asistencial de los menores, concretando las competencias de cada uno y la debida coordinación entre ellos ante un caso de violencia infantil.

 

• Reformar la legislación penal actual para que toda sentencia condenatoria por maltrato a un menor de edad conlleve la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión que implique contacto habitual con menores de edad.

 

• Prevención efectiva del acoso y ciberacoso escolar asegurando la presencia de al menos un orientador cada 250 alumnos (recomendaciones de UNESCO), y fomentar la formación en valores dentro del curriculum educativo como herramienta de prevención.

 

• Seguir avanzando en la consecución real de la conciliación laboral y familiar, para que los padres y madres estén más presentes en las vidas de sus hijos e hijas.

 

• Regular por Ley el uso de teléfonos móviles por los alumnos y alumnas de enseñanza obligatoria en los centros escolares, durante la jornada lectiva.

 

• Desarrollar de forma urgente un marco jurídico que regule la protección de los menores de edad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, para evitar el acceso por menores de edad a contenidos de Internet dirigidos a adultos, por ejemplo acceso a pornografía, que pueden resultar lesivos y peligrosos para aquellos.

 

• Aprobar el IV Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia.